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9 de febrero de 2014

La red de seguridad de las prestaciones por desempleo empieza a ceder

  • Durante el año pasado más de 400.000 personas dejaron de percibir una prestación de unos 830 euros mensuales para pasar a cobrar un subsidio asistencial de 426 euros.
  • El sistema de protección por desempleo no da más de sí y alienta el debate sobre la mejora de las políticas para dar un trabajo a los parados.

Más de la mitad de los 2,7 millones de desempleados que está percibiendo una prestación pública en España tiene como todo ingreso mensual -al menos como ingreso reconocido- un subsidio asistencial que no supera los 426 euros.
Así es la realidad cotidiana de más de un millón y medio de ex trabajadores en el "muy generoso", según la evaluación realizada por la OCDE, sistema público español de protección al desempleo.
Luego están, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo, los 1.221.534 desempleados que tienen derecho a una prestación contributiva por haber cotizado lo suficiente durante su etapa laboral, que pueden cobrar una cantidad de entre 497 y 1.397 euros mensuales en función del tiempo cotizado y su situación familiar.
Este colectivo de afortunados ha perdido nada menos que 181.000 unidades durante el año 2013 y, además, ha visto como su prestación media se reducía en cerca de 35 euros mensuales, desde los 864 euros hasta los 839, como consecuencia entre otras cosas de la reducción de la cuantía que tienen derecho a cobrar a partir del sexto mes en situación de desempleo.
En total, durante 2013, más de 214.000 personas han dejado de percibir una prestación pública, bien porque hayan encontrado un empleo, bien porque hayan agotado su derecho a prestación y no puedan acceder a alguna de las ayudas asistenciales previstas en la ley: subsidio de desempleo, renta activa de inserción o subsidio agrario.
Hay indicadores que apuntan a que la capacidad del sistema público de protección a desempleados está llegando a su límite.
La crecida del paro en los últimos años ha obligado al Estado a dotar unacuantía media de 30.000 millones de euros anuales para proporcionar una renta de cobertura a los millones de trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia de la crisis.
Ésta ha servido para tejer una red de seguridad que ha proporcionado una renta de subsistencia a cientos de miles de españoles e inmigrantes atrapados por el estallido de la burbuja inmobiliario.

La red comienza a ceder

Sin embargo, esta red ha comenzado a agujerearse. La tasa de parados que percibe una renta pública se ha desplomado del 69% al 61% en apenas dos años, lo que significa que más de un tercio de los desempleados que hay en España no tiene ingreso alguno.
Además, cada vez son más los parados que encallan en el tramo asistencial de la protección por desempleo, donde apenas se puede aspirar a un renta de 426 euros al mes.
Al margen de su supuesta generosidad, otro de los aspectos en los que han hecho hincapie los organismos internacionales a la hora de evaluar el sistema español de protección por desempleo es en su escasa conexión con las políticas de empleabilidad.
En España, es el Estado el que corre con el gasto de la cobertura por desempleo, pero las políticas activas dependen de las comunidades autónomas, lo que genera una escisión problemática: los incentivos de las autonomías para buscar un empleo a sus parados son menores por cuanto su permanencia en el desempleo no les genera un coste tan evidente.
Todo ello en un marco en el que la intermediación laboral pública es terriblemente ineficiente, como indica que apenas un 2% de los parados encuentren un empleo por esta vía.
El Ministerio de Empleo ha hecho un importante esfuerzo para paliar esta desconexión. Por una parte, está ensayando iniciativas para fomentar la búsqueda activa de empleo por todas las vías posibles por parte de los parados que perciben una prestación.
Por otra, ha intensificado los contactos con las comunidades autónomas para mejorar la capacidad de intermediación de las políticas activas. En este sentido, su apuesta más importante ha sido dar entrada a las agencias privadas de colocación en la intermediación públicas de ofertas de trabajo con el objetivo de incrementar la eficacia del sistema.
Desde ámbitos como la CEOE se ha alentado también al Gobierno a adoptar más iniciativas, como por ejemplo vincular la percepción de la prestación por desempleo a la realización de cursos de formación que mejoren la capacitación y la empleabilidad de los desempleados.


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