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20 de enero de 2012

Los parados sin ingresos cobrarán una ayuda desligada de la renta de inclusión


La nueva ley foral que regula la renta de inclusión social superó ayer el último trámite parlamentario -el debate de enmiendas parciales tras ser rechazadas a final de año las reformas a la totalidad- antes de ser refrendada en la sesión plenaria prevista para el próximo martes. A partir de ese momento el departamento de Asuntos Sociales se marca un plazo de seis meses para su desarrollo reglamentario.
PAMPLONA.  Un decreto foral fijará las condiciones de cobro de esta prestación social dirigida a familias en situación de exclusión social. Paralelamente, otro decreto foral diferenciado revelará qué parados sin prestaciones y subsidios laborales tendrán derecho a otro tipo de ayuda económica, que no se denominará renta básica, pero que según el compromiso de la consejera de Política Social, tendrá la misma cuantía, en este momento 641,40 euros mensuales para una persona. En el nuevo decreto se tendrá en cuenta un nuevo "itinerario" de formación, cursos de reciclaje, etcétera de las personas paradas.
De hecho, en los presupuestos aparecen diferenciadas ambas partidas: una como renta de inclusión social (17 millones), y otra para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral (11 millones). Ambas partidas son ampliables y complementarias, según el departamento, pero la segunda ya no estará garantizada por ley (Cartera de Servicios Sociales). Entretanto, según una de las enmiendas in voce aprobadas ayer a instancias de UPN y PSN, con el respaldo de NaBai y PP, la abstención de Bildu y el voto en contra de I-E, la consejera establecerá con carácter "transitorio" a través de una orden foral -nada más aprobar la ley- las "condiciones y requisitos" de acceso a dichas ayudas para personas desempleadas. La propuesta desarrollaba una iniciativa del PP para que las "ayudas destinadas a desempleados que han agotado el cobro de las prestaciones y subsidios por desempleo se regulen de forma singular, independiente y específica mediante un Decreto Foral".
 COMPLEMENTARIO La renta de inclusión social tiene carácter "complementario" y "naturaleza subsidiaria" respecto a cualquier otro tipo de recursos y ayudas económicas legalmente previstos, lo cuales deberán hacerse valer "íntegramente con anterioridad a su solicitud". De hecho, ahora complementa los subsidios de paro hasta los 641 euros. Para el acceso a la renta de inclusión social, salvo excepciones "una por unidad familiar", se requieren 24 meses de residencia legal en Navarra (ahora 12), ser mayor de 25 y menor de 65 años, y que los recursos económicos de la unidad familiar en el último semestre sean, en cómputo mensual, inferiores a la cuantía de la renta de inclusión social que le correspondería. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de especial necesidad, podrán reconocerse como beneficiarias a personas que incumplan los citados requisitos de edad e ingresos. La concesión será de 6 meses, ampliables hasta un máximo de 24. En los casos de renovación extraordinaria más allá de los 2 años (orden foral), la prestación no superará el 80% de los importes.
ACCIONES FORMATIVAS Para recibir la renta hay que suscribir un Acuerdo de Incorporación que podrá contemplar la "obligación" de participar en actividades de "cooperación, servicios de voluntariado y otro tipo de acciones en beneficio de la sociedad". También en "acciones formativas vinculadas con estos ámbitos", un requisito que fue agregado a partir de una enmienda in voce suscrita por UPN y PP, apoyada por PSN, y rechazada por Nabai, Bildu e I-E.
No remitir o incumplir el citado Acuerdo de Incorporación conlleva la suspensión de la ayuda. Causas a las que UPN y PPN han incorporado vía in voce, con el apoyo de SN, el fallecimiento del beneficiario, "salvo en los supuestos de subrogación en otro miembro de la unidad familiar" que se regulen reglamentariamente. A partir de la entrada en vigor de la Ley, las solicitudes de renovación se tramitarán y resolverán conforme a la norma, salvo lo el requisito de residencia continuada y efectiva, que será de 18 meses.
En total, se discutieron 76 enmiendas, de las que se han aprobado 7, cinco de ellas in voce: tres suscritas por UPN y PP, y dos por UPN y PSN. De las otras dos enmiendas aprobadas, ambas impulsadas en solitario por el PP y apoyadas por UPN, PSN e I-E, una suma a las obligaciones de los beneficiarios la de "comunicar cualquier cambio de domicilio habitual" (rechazo de NaBai y abstención de Bildu), y la otra incluye la "renuncia" como motivo de extinción del derecho a la prestación (rechazo de Bildu, abstención de NaBai). Las 69 enmiendas restantes han decaído. Las de NaBai (13), Bildu (16) e I-E (21) se han centrado en mitigar el perfil "restrictivo" de la norma para, cuando menos, mantener la prestación en sus niveles actuales. Las del PPN, favorable a "actualizar" el contenido de la renta básica, pretendían evitar, fundamentalmente, la "exclusión" cómo beneficiarios de las personas en situación de desempleo que han agotado todo tipo de prestaciones.

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