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3 de julio de 2011

Las ayudas al alquiler requerirán cinco años de residencia en Catalunña

El Govern aplica por primera vez esta condición aprobada por el tripartito | La Generalitat no concederá nuevas ayudas al pago de las rentas y sólo hará renovaciones.

La Generalitat sólo renovará las ayudas para pagar el alquiler a aquellas familias que, además de cumplir los requisitos económicos, puedan acreditar la residencia legal y su domicilio en Catalunya durante cinco años. Así lo ha establecido la Agència d'Habitatge de Catalunya para la convocatoria de este 2011 -abierta este mes de junio- que exige también a todos aquellos que quieran volver a recibir esta prestación que certifiquen su domicilio en la comunidad durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Estos requisitos que se aplican ahora ya se recogen en la ley de prestaciones sociales que fue modificada en el 2007 por el tripartito, pero en las anteriores convocatorias nunca se habían exigido. Para certificar la residencia sólo se reclamaba la hoja del padrón municipal.

Los ajustes presupuestarios y el gasto que supuso esta partida el año pasado, 71,8 millones de euros han obligado, según el secretario de Habitatge, Carles Sala, a tomar esta decisión que sigue la misma línea que las adoptadas la semana pasada por el departamento de Benestar Social i Família, que suprimió las ayudas para las familias con hijos de entre 0 y 3 años. Este subsidio sólo se mantendrá a aquellas familias en situación de vulnerabilidad y que acrediten su domicilio durante cinco años en España, los dos últimos en Catalunya.

Pero esta no es la única novedad para la convocatoria de este año de la prestación del pago del alquiler. La Generalitat ha congelado la concesión de nuevas ayudas y sólo tiene previsto renovar las concedidas en 2010 siempre que se cumplan las condiciones. Los que no puedan cumplir estos requisitos dejarán de recibirlas. Esta prestación está destinada a aquellas familias que viven como inquilinos en una vivienda de alquiler libre y que se encuentran en riesgo de exclusión social. El año pasado se concedieron 29.182 ayudas que permiten cubrir el 30% de la renta mensual, la mitad de ellas -el 50,9%- estuvieron destinadas a extranjeros. Un dato, con el que el que la Generalitat también se defiende ante las acusaciones vertidas por algunos colectivos que aseguran que la mayor parte de estas ayudas las acaparan siempre los inmigrantes.

Sala explica que del 2009 al 2010 los beneficiarios del denominado alquiler justo se incrementaron casi un 18%. Se registraron 9.000 nuevos beneficiarios, por lo que la partida destinada a este fin creció en 13 millones de euros. "El gobierno del tripartito utilizó el fondo de eficacia con el que se debían cubrir el pago de las promociones de viviendas protegidas de alquiler para cubrir estas ayudas. Ahora la situación es insostenible y nos hemos comprometido a mantener las que cumplan las condiciones, pero no podemos permitirnos otorgar nuevas", reitera el secretario de Habitatge de la Generalitat.

En este sentido, defiende que la condición de la residencia es un criterio "lógico", ya que Catalunya es la única comunidad que otorga como prestación permanente ayudas a pagar el alquiler libre y se pregunta por qué el anterior gobierno no llegó a aplicar este criterio.

Además reitera que la situación económica es primordial para recibir la prestación: se debe acreditar que se está en condiciones de poder pagar el alquiler con ingresos propios y la unidad de convivencia del beneficiario debe tener unos ingresos no superiores a 2,35 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya.

Según los últimos datos de la Agència de l'Habitatge, en Catalunya sólo el 15,7% de la población de nacionalidad española vive de alquiler, frente al 67,9% de los no nacionales. Además el 18,5% de los beneficiarios que recibió la prestación el año pasado es de origen nacional con ingresos anuales netos por debajo de 14.000 euros, un porcentaje que llega hasta el 41,7% en el caso de los extranjeros. El alquiler justo además de los ingresos familiares y la unidad convivencial tiene en cuenta criterios de ubicación de la vivienda. Así por ejemplo, una familia de dos miembros con ingresos anuales de 12.000 euros y que pagan 450 euros por un piso arrendado en Rubí recibirían una prestación de 171 euros al mes, según los baremos del Govern, que determinan que, como máximo, se puede destinar el 30% de los ingresos a pagar el alquiler.


Fuente: lavanguardia.com

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