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7 de noviembre de 2010

El coste del fraude en las ayudas sociales

El cobro irregular supone el 2% del presupuesto que las tres capitales dedican a las mayores prestaciones - 840 familias se han embolsado cuatro millones desde 2009.

Entre comienzos de 2009 y el primer semestre de este año, al menos 841 familias vascas han cobrado de forma fraudulenta ayudas sociales por valor de unos cuatro millones de euros en las tres capitales.

Estas irregularidades, que fundamentalmente afectan a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y a las Ayudas de Emergencia Social (AES), vienen a suponer el 2% del presupuesto que las tres ciudades destinan a estos capítulos. El Ayuntamiento de Vitoria descubrió el año pasado 277 casos de este tipo que suponían un fraude por un total de 813.301 euros, el 2,3% de los 35 millones dedicados a estas partidas, que se reparten entre un total de 8.256 familias. De ellos, 137.257 euros correspondieron a las AES.

El consistorio bilbaíno ha descubierto en los dos últimos años casi medio millar de casos de personas que no cumplían los requisitos para cobrar las prestaciones sociales. La gestión de las mismas corresponde a los Ayuntamientos y las Diputaciones, pese a que el pago lo hace el Gobierno vasco.

En el primer semestre de este año, el negociado de Control e Inspección de la capital vizcaína, creado en febrero de 2008 para luchar contra estas irregularidades, destapó el fraude cometido por 303 individuos a los que ya se les ha retirado o modificado la RGI. Estos pagos fraudulentos abren un agujero que crece a razón de 175.000 euros de media al mes, según cálculos municipales, un corto porcentaje -apenas el 2%- en comparación a los 8,5 millones mensuales que suponen estas ayudas.

En San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa considera testimonial el fraude en la RGI, pero el Ayuntamiento sí ha registrado 61 casos, entre los 2.638 expedientes existentes, de irregularidades en el cobro de las AES por valor de 47.027 euros. Estas ayudas suponen ebn conjunto 1,7 millones.

El número de investigaciones abiertas por el cobro fraudulento de ayudas en Bilbao durante los seis primeros meses del año (1.245) supera ya las de todo el pasado ejerciicio (942). La crisis y la propia consolidación del citado negociado municipal, que próximamente se verá reforzado con la incorporación de dos policías locales más, explican el aumento del fraude investigado. El consistorio ha constatado además un aumento de las denuncias procedentes de vecinos, familiares o conocidos de los defraudadores. De esta forma, las demandas de origen externo al ámbito público casi duplican ya -243- a las registradas en todo el año pasado -128-.

En la actualidad, 23.263 bilbaínos se benefician de la Renta de Garantía de Ingresos y otros 2.489, de las Ayudas de Emergencia. Además, 6.211 pensionistas perciben el complemento a sus pagas que determina la ley.

El caso de San Sebastián resulta algo distinto. En Guipúzcoa, la Diputación lleva una década cotejando datos con los Departamentos de Hacienda y Vivienda y el Inem (hoy Servicio Público de Empleo Estatal), de forma que el fraude a la Renta de Garantía se reduce a lo anecdótico, sostiene la institución foral. En el caso de las AES, las "ocultaciones de datos", como las califica el consistorio donostiarra, que evita usar la palabra fraude, suponen un 2,3% del total de casos aceptados.

Entre los motivos más habituales para la denuncia y posterior retirada de las ayudas figuran, en el caso de San Sebastián, tener una fuente de ingresos no declarada, propiedades fuera de la provincia o saldos bancarios no revelados y, solo excepcionalmente, el hallazgo de alguna herencia que no se había hecho constar. En Bilbao, al igual que en Vitoria, la prestación en la que se registra mayor nivel de fraude es la RGI. Las razones principales para suspenderla son no vivir en el domicilio donde los preceptores figuran empadronados para ocultar ingresos, convivir con personas no inscritas en el censo y trabajar y recibir a la vez dicha ayuda.

En la mayoría de los casos las irregularidades se refieren también a la RGI, ya que su cuantía -entre 650 y 997 euros mensuales en función del número de miembros de la unidad familiar- es mayor que la de las AES -entre 90 y 250 euros cada mes, también en función del tamaño de cada familia-. La Renta de Garantía de Ingresos se destina a personas que no ganen lo suficiente para hacer frente a sus necesidades básicas. Por su parte, las AES subvencionan gastos específicos, como el alquiler, el agua, la educación o el mobiliario de la casa.

Los Ayuntamientos de las tres capitales afrontan la lucha contra el fraude de una forma similar. Mientras en San Sebastián su persecución recae en el área de Bienestar Social, Vitoria cuenta desde 2005 con un protocolo de lucha contra el fraude basado principalmente en el intercambio de información entre los departamentos municipales y con otras instituciones externas. En este lustro, Vitoria ha constatado irregularidades por casi cuatro millones de euros.

En el caso de la capital alavesa, el número de familias que cobraron ayudas de forma fraudulenta sobre el total correspondiente descendió casi la mitad en 2009 con respecto al año anterior. En concreto, pasaron de 347 casos sobre 5.367 familias a 277 sobre 8.256, que supusieron la denegación o suspensión de 375 prestaciones -cada familia puede optar a más de una prestación-.

Vitoria activó el pasado 1 de octubre un teléfono confidencial para denunciar posibles casos de irregularidades (945 16 16 26) que ha recibido en su primer mes de vida 37 llamadas que dieron paso a 32 citas personales para que los técnicos del Departamento de Intervención Social pudiesen estudiar más a fondo el caso. El consistorio ideó este servicio para que los ciudadanos faciliten información de aquellos vecinos que defraudan en las AES.

"En estos momentos se están estudiando algunas de las informaciones que se nos han trasladado. En cualquier caso, el número de llamadas recibidas representa el 1% sobre el total de personas que perciben dichas ayudas", destaca el concejal vitoriano de Asuntos Sociales, Peio López de Munain. Las llamadas no son la única vía para denunciar un supuesto fraude. Pueden presentarse también por escrito en las oficinas de atención al ciudadano o en la web del consistorio (www.vitoria-gasteiz.org).

"Gracias a este protocolo contra el fraude, evitamos que unos pocos hablen mal de las ayudas sociales y que otros pocos, bien consciente o inconscientemente, las reciban de forma irregular", agrega el edil. Única en Euskadi, esta iniciativa surge con el objetivo básico de ayudar a que los ciudadanos no piensen que los defraudadores actúan con impunidad.


Fuente: elpais.com

3 comentarios:

Anónimo dijo...

si hay mucho fraude

Anónimo dijo...

en mi pueblo tod@s que reciben ayudas estan trabajando ,ademas de cobrar el paro incluso uana mujer cobra ayuda familiar por su madre y su madre esta de vacaciones en benidorm, por favor que alguien pare esto ,esto es lo que esta arruinado a España ,los gobernantes no tengais miedo a las revueltas ni tengais miedo a perder las elecciones,pero esto que esta pasando con las ayudas es lo que arruina a el pais ,deberian de poner un telefono para poder avisar a la administracion sobre estos casos verias como se acba el frsude .Yo ,por ejemlpo diría de 20 casos ,imaginar en una ciudad

Anónimo dijo...

el señor ariel andreatta recibe la ayuda familiar y se fue en febrero para la argentina con su señora(que soy yo) viene cada vez que tiene que renovarla el en argentina tiene una consultora que se llama brocker grup y es financiera investiguen tiene propaganda por intrnet.

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