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10 de febrero de 2010

Las nuevas restricciones dejarán sin ayudas sociales a miles de vascos

EL DECRETO DE RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS PRESENTA HASTA SEIS CLÁUSULAS EXCLUYENTES

Colectivos sociales, asociaciones y sindicatos censuran las modificaciones planteadas por el Gobierno Vasco.

El Gobierno Vasco autorizó ayer el gasto de 281,4 millones de euros para hacer frente a las solicitudes de la Renta Básica de Ingresos (RGI) para 2010 y otros 4,3 millones a la financiación de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). En paralelo, colectivos sociales se unieron en Bilbao para denunciar que las ayudas anunciadas por el Departamento que dirige Gemma Zabaleta suponen un paso atrás ya que "ha decidido hacer un recorte drástico" y se dificulta el acceso a las mismas. Unas trabas que afectarán a miles de ciudadanos que antes sí percibían las ayudas y que las nuevas normativas dejarán en una situación aún más crítica.

Es el caso de Vanessa Aparicio de 30 años y su hija de 15 meses, o el de Janire Calvo de 26 años, con un hijo de 16 meses, que este mes han protestado ante el Ayuntamiento de Sestao para denunciar que ni siquiera pueden pagar un alquiler social. Vanessa Aparicio recibe los bonos comida de Cáritas y, como ella, otros 35.000 vascos se llevan un plato de comida a la boca gracias a Cáritas y al Banco de Alimentos, cuyas peticiones han aumentado un 40% los últimos meses.

Medio centenar de asociaciones, sindicatos y colectivos sociales de Euskadi presentaron ayer un manifiesto conjunto para exponer "el desacuerdo ante los recortes en las políticas sociales" que Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de su reforma de las AES y las ayudas al alquiler.

Tanto el borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y el Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda incluyen seis cláusulas que dificultan el acceso a las mismas y, por tanto, menos gente podrá beneficiarse de los subsidios. "Nos venden el reglamento como un avance social en pro de la empleabilidad y, sin embargo, su única consecuencia va a ser un aumento de la exclusión social".

A partir de este año sólo se percibirán como máximo dos prestaciones por vivienda. "Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso para hacer frente a los alquileres. Por ser jóvenes, por tener empleos precarios o por haber abandonado su casa tras una separación", dijeron. Muchas se verán forzadas a sobrevivir sin prestaciones en peores viviendas o a tener que mentir sobre el empadronamiento. Con el reglamento anterior este tope estaba establecido en el total de habitaciones que tuviera una casa sin que tal limitación "haya demostrado utilidad alguna para mejorar las situaciones de vivienda".

Por otro lado, con el nuevo reglamento dejarán de tener validez los contratos de hospedaje -es decir, alquiler por habitaciones- , uno de los recursos más empleados por los colectivos más desfavorecidos. Asimismo, las personas con un trabajo en precario sólo podrán complementar sus salarios hasta los 1.000 euros durante 2 años. Después, se les suspenderán las ayudas.






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