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29 de diciembre de 2009

Luz verde a la nueva ayuda regional para favorecer a personas sin ningún ingreso

Las Cortes deberán aprobar la ley que regula esta medida, acordada en la Mesa del Diálogo Social
La Renta de Ciudadanía, que sustituirá al IMI, oscilará entre los 421 y 685 euros al mes.

CONTENIDOS DEL ACUERDO
Concepto. La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía y cuyas condiciones para su disfrute se establecerán en una Ley que se aprobará en las Cortes de Castilla y León. Se trata de una prestación social periódica, de carácter económico, destinada a proporcionar los medios básicos para subsistir a los ciudadanos en situación de exclusión social.

Requisitos de los titulares. Se entiende por titular la persona a quien se le reconoce el derecho a la renta. Para poder acceder al mismo debe estar empadronado y con residencia legal en algún municipio de la comunidad, al menos con un año de antelación a la presentación de la solicitud; los emigrantes retornados de otros países, y las mujeres víctimas de la violencia machista que tienen que cambiar su residencia por este motivo desde otra comunidad autónoma; en situaciones de extrema necesidad sobrevenida y los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite.
Edad.

Los solicitantes deberán tener entre los 25 y 64 años, aunque también los menores de 25 podrán hacerlo siempre que acrediten determinadas circunstancias, y los mayores de 65 que ostenten la condición de emigrante retornado y no puedan acceder a una pensión no contributiva.

Unidades familiares. A efectos de esta renta se consideran como tal dos personas unidas por matrimonio u otra relación estable y acreditada análoga a la conyugal, dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, o dos o más personas que convivan en el mismo domicilio con los supuestos de tutela o acogimiento familiar. A ellas se añaden las situaciones en las que convivan menores de edad, familias monoparentales o personas solas en proceso de divorcio, nulidad o separación.

Requisitos de las unidades familiares. Además de estar empadronados y carecer de medios, se exige que quienes se encuentren en edad de trabajar estén inscritos como demandantes de empleo.

Compromisos de los destinatarios. Para percibir dicha renta tiene que existir, parte del destinatario, el compromiso de participación activa para superar su situación de necesidad, y en su caso, de las obligaciones relativas a las situaciones o medidas específicas para integración contenidas en el proyecto individualizado de inserción.

Ha sido un trabajo arduo, no exento de dificultades, por la necesidad de definir términos como exclusión social, subsidio o unidad familiar, pero finalmente ha visto la luz. La Junta de Castilla y León, la patronal Cecale y los sindicatos UGT y CC. OO. cerraron ayer el acuerdo, en el marco del Diálogo Social, que perfila el nuevo derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para todos los castellanos y leoneses que se encuentren en situación de exclusión social, y cuyos beneficiarios recibirán cuantías que oscilarán entre los 421 y 685 euros.

Se considera situación de exclusión social aquellas en la que pueden encontrarse los ciudadanos de esta comunidad que carezcan de los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia, una circunstancia que puede darse por problemas personales que dificultan la integración social, así como por carencia de recursos económicos.

No obstante, para que esta acuerdo tenga aplicación efectiva debe pasar por el correspondiente trámite parlamentario, y reconocerse mediante una ley, por lo que los firmantes del acuerdo insistieron en la necesidad de que se agilice su tramitación en las Cortes dada la situación 'in extremis' en la que se encuentran algunas familias. No obstante el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseguró que tiene previsto presentar el anteproyecto a principios de enero para su tramitación, que no se demorará más allá de «cinco meses».

Y es que con esta medida se trata de afrontar las situaciones de carencia de recursos en la que se encuentran algunos ciudadanos de esta región debido a la situación presente de crisis económica y ausencia de empleo.

Hasta la aprobación de la ley que regule este derecho seguirá en vigor el actual Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que actualmente cuenta con 2.723 beneficiarios, aunque finalmente quedará absorbido por la Renta Garantizada de Ciudadanía en el momento en el que se apruebe la Ley.

Beneficiarios
Serán beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación social de carácter económico, las unidades familiares que carezcan de recursos para cubrir sus necesidades básicas, pudiendo solicitarla los castellanos y leoneses con edades comprendidas entre los 25 y 64 años, ambos inclusive, con la condición de asumir el compromiso de cumplir el programa individual de inserción que se establezca.

Esta medida es subsidiaria de cualquier sistema de protección social, convirtiéndose así en la última red de protección, y complementa otros ingresos de las unidades familiares siempre que estén por debajo de la Renta Garantizada hasta la cuantía de la misma, según explicó Herrera tras la firma del documento, en la que participaron los secretarios regionales de UGT y CC. OO., Agustín Prieto y Ángel Hernández, respectivamente; así como el presidente de Cecale, Jesús Terciado.

En dicho acuerdo se establece un concepto de unidad familiar y se tiene especial sensibilidad con determinadas situaciones como las mujeres víctimas de la violencia de género o los cuidadores familiares de las personas dependientes.

Para determinar el derecho y la cuantía de la Renta se tendrá en cuenta la situación económica de la unidad familiar (ingresos y patrimonio), excluyendo del cálculo de la misma la vivienda habitual y los bienes que hayan servido para desarrollar la actividad laboral que sostenía la unidad familiar.

Las cuantías
La cuantía básica mensual de la prestación estará cifrada en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se estima en estos momentos en 421, 79 euros al mes. No obstante para atender mejor las cargas de las unidades familiares se establecen unos complementos a la cuantía básica: del 25%, para el caso del primer miembro (527,24 euros al mes), del 15% por el segundo miembro (590,51) y un complemento del 10% por el tercer miembro y siguientes, lo que se traduce en 632,69 euros. La cuantía máxima de la prestación será el 130% del IPREM, 685,41 euros al mes.

Para poder abordar el gasto social que supone esta medida, los presupuestos generales de la comunidad autónoma han incluido créditos por valor de 27 millones de euros.






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