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17 de septiembre de 2009

El Congreso convalida los 420 euros y amplía la ayuda al 1 de enero

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el único voto en contra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el decreto ley que regula las ayudas de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, y dio luz verde unánime a su tramitación como proyecto legislativo que permitirá ampliar la cobertura de este subsidio hasta el 1 de enero.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido que el Gobierno "ha sido sensible" a las reivindicaciones de sindicatos y fuerzas políticas y "ha hecho suyo" el objetivo de extender temporalmente el horizonte de esta prestación en siete meses, desde la fecha inicial del 1 de agosto.

Sin embargo, ha recibido la crítica unánime de los portavoces de la oposición, que le reprocharon la "improvisación" e "insuficiencia" de la última medida de protección social aprobada por el Ejecutivo socialista, si bien todos ellos, salvo la diputada de UPyD, Rosa Díez, dieron finalmente el 'sí' a la medida.

Corbacho ha defendido que esta norma responde a la voluntad del Gobierno de hacer frente a la vertiente "más dramática" de la crisis y su impacto en el colectivo "más vulnerable" entre las familias desempleadas, un colectivo que aumenta. "Ahora es necesario y urgente aumentar la cobertura extraordinaria de parados", recalcó.

El ministro ha señalado que estas ayudas de 421, 79 de euros mensuales (el 80% del IPREM) durante un máximo de seis meses, para desempleados con rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), va "más allá" de la Renta Activa de Inserción de las comunidades autónomas para ayudar de manera urgente a personas "que se enfrentan a un grave riesgo de exclusión social".

Asimismo, ha reiterado que el programa no se limita a establecer una prestación social económica, sino que contempla garantías para favorecer la inserción laboral, ya que los beneficiarios se comprometen a integrarse en itinerarios laborales gestionados por las comunidades autónomas.




Fuente: abc.es

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