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27 de mayo de 2009

La Junta ayudará en la compra de casas de renta libre que ajusten sus precios

La Junta de Andalucía está dispuesta a intervenir de lleno en el mercado de la vivienda al objeto de incentivar un sector, el de la construcción, que es vital para el relanzamiento de la economía de la comunidad. Así, está dispuesta a avalar la compra de pisos de renta libre que no pueden convertirse en VPO y también adquirirá viviendas protegidas para alquilarlas y revenderlas.

Fue a finales del pasado año cuando la Junta, a través de una orden que desarrolla el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, procedió a modificar las superficies máximas y mínimas exigidas en la calificación de VPO para que las consideradas como de renta libre pudieran convertirse en protegidas.

Opciones
Sin embargo, existe un importante número de pisos que por sus dimensiones y calidades no han podido acomodarse a ese proceso. Según ha podido saber ABC, ahora la Administración andaluza baraja diversas opciones para avalar a los posibles compradores de las viviendas libres, aunque previamente tendría que producirse una sustancial rebaja de los precios por parte de los promotores.

De otro lado, la Empresa Pública de Suelo Andaluz, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, también comprará viviendas protegidas en las promociones que tienen viabilidad económica y demandantes, pero también dificultades por las restricciones de los créditos. Una vez adquiridas las VPO se pondrán en el mercado en régimen de alquiler con opción a compra durante diez años.

La medida, informó en rueda de prensa el consejero de la Vivienda, Juan Espadas, será analizada junto con la titular de Economía, Carmen Martínez Aguayo, en la reunión que ambos mantendrán con los representantes de los empresarios y principales sindicatos andaluces.

Espadas compareció ayer al término de la reunión del Consejo de Gobierno, para dar a conocer la aprobación del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, en el que se contempla la posibilidad de que los ciudadanos reclamen a los ayuntamientos su cumplimiento ante los tribunales de justicia por la vía del contencioso-administrativo.

La Junta, por un lado, tendrá que adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo a las condiciones que marca la Ley.

Los ayuntamientos, por su parte, deberán cumplir obligatoriamente una serie de requisitos, tales como elaborar un plan municipal de viviendas, un registro de demandantes y un cronograma de las actuaciones.

A las viviendas podrán acceder en propiedad o en alquiler quienes no puedan comprar una en el mercado libre. Se establecen como tope 36.000 euros de ingresos brutos al año.

El registro, una de las principales novedades de la Ley, se convertirá en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.

Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales.


Fuente: abcdesevilla.es

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