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10 de marzo de 2009

El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley de las medidas urgentes en materia de vivienda

Contrarrestará los efectos de la crisis en la construcción

El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de hoy el proyecto de ley foral de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, que ha sido elaborado por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos de la crisis en el sector de la construcción y que será trasladado al Parlamento de Navarra.

Las medidas concretas que establece esta norma persiguen simplificar los trámites administrativos para agilizar la puesta a disposición de agentes económicos de suelo para vivienda protegida, favorecer la rehabilitación de viviendas, facilitar el pago de la renta a quienes pasan por dificultades económicas y avanzar hacia la eficiencia energética y la domótica.

Igualmente, se adoptan medidas temporales para reactivar el sector, como la posibilidad de calificar viviendas libres como protegidas, incrementos de la edificabilidad en zonas urbanizadas siempre y cuando se destinen en un alto porcentaje a vivienda protegida y la regulación de la vivienda libre de precio limitado.

Además, la norma fija los criterios que han de regir la actuación de Viviendas de Navarra S.A. (VINSA) en el próximo trienio. La sociedad pública orientará preferentemente su actividad hacia el área de la rehabilitación y las reformas y la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler.

Así, no promoverá vivienda protegida en régimen de compraventa por encima de lo que resulte necesario para garantizar el resto de sus objetivos, especialmente el fomento del sistema público de alquiler, y en ningún caso superará el 15 por ciento de las viviendas protegidas promovidas.

El consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, defendió en rueda de prensa que esta ley es "francamente importante porque se enmarca directamente en la intención del Gobierno de poner los instrumentos legales y operativos necesarios para luchar contra la crisis económica y para reactivar el empleo en Navarra".

Miranda afirmó que "el sector de la construcción es quizá el sector económico más perjudicado de la comunidad, ha venido empleando en los últimos años a más de 25.000 trabajadores de manera directa, y ya en el año 2008 sufrió de manera muy importante la pérdida de actividad, por lo que el Gobierno ha hecho un análisis amplio de cuáles tienen que ser las medidas para reactivar el sector".

El consejero fijó en tres grandes bloques las medidas propuestas por este proyecto de ley. En primer lugar, facilitar que se construyan cuanto antes las viviendas protegidas que hay que poner en marcha en Navarra, "porque hay demanda y lo que más nos preocupa es agilizar todos los trámites para que se pueda poner en el mercado un número importante de viviendas".

En segundo lugar, se propone reactivar la construcción de vivienda libre, para lo que se ha pactado con el sector de los empresarios la vivienda libre de precio limitado, con una ayuda pública a través de la deducción fiscal, para "ayudar a los compradores a entender que ese es el precio en el que se tendría que mover el sector de la vivienda libre".

En tercer lugar, se incide en la rehabilitación de vivienda, "porque es un campo en el que se puede generar mucho empleo, mucha actividad económica y mucho consumo de materiales", y en la rehabilitación energética de viviendas antiguas que no fueron construidas bajo parámetros de eficiencia energética.

El consejero de Vivienda, José Carlos Esparza, explicó que esta ley "pretende dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, y servir para mitigar y corregir los efectos negativos sobre el empleo generados por la crisis económica".


MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA
El proyecto de ley recoge medidas que incrementan los porcentajes de subvención a las obras de rehabilitación protegida de vivienda y se elevan los ingresos máximos de los potenciales destinatarios de las ayudas, para aumentar el número de posibles perceptores de las ayudas. También se amplía el objeto de la subvención incluyendo conceptos hasta ahora no subvencionables.

Así, las ayudas dependerán de los ingresos familiares del solicitante y la antigüedad del edificio (si tiene entre 15 y 50 o más de 50). Para unos ingresos ponderados de 2,5 veces el IPREM, la ayuda mínima será del 25% para edificios de entre 15 y 50 años y del 30% para viviendas de más de 50 años; para entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM, entre el 20 y 25%; y para entre 3,5 y 6,5 veces, del 16% y 20% respectivamente.

Para todos los tramos, las intervenciones en áreas de rehabilitación preferente (eliminación de barreras, por ejemplo) serán del 40%, y del 50% para proyectos de intervención global en áreas de rehabilitación preferente. Los porcentajes se incrementarán en 3 puntos en el caso de las familias numerosas de categoría general y 6, especial.

Se establecen en este capítulo nuevas ayudas relativas a las reformas interiores de cocinas y baños en viviendas con destino a residencia habitual que cuenten con una antigüedad mínima superior a quince años, la instalación de domótica, o aquellas que supongan una mejora de la eficiencia energética en las viviendas. El gasto mínimo debe ser de 4.000 euros y la subvención será del 20%, hasta un máximo de 3.000 euros. El Gobierno establecerá un procedimiento abreviado de concesión de estas subvenciones y también llevará a cabo inspecciones.

La norma apoya la eficiencia energética y la domótica. Los porcentajes de subvención se incrementarán y las comunidades de vecinos que rehabiliten la envolvente térmica percibirán una subvención del 40%, con un máximo de 5.000 euros. Los promotores de viviendas protegidas cuyos proyectos obtengan calificación energética accederán a subvenciones de entre 20 y 40 euros el metro cuadrado útil de vivienda; y recibirán un 40%, hasta un máximo de 1.500 euros por vivienda, por las instalaciones de domótica en viviendas de nueva construcción.

El proyecto de Ley Foral contempla, igualmente, ayudas destinadas al mantenimiento del arrendamiento para personas con ingresos inferiores al 1,7 veces el IPREM. Indirectamente, supone también una ayuda para el promotor, ya que podrá recibir hasta el 75% del precio del alquiler.

Además, abre temporalmente la posibilidad de calificar como protegidas viviendas libres terminadas o de proyectos ya registrados, así como modificar el régimen de protección, de manera que las viviendas que no se han podido vender por no existir demanda contribuyan a reactivar el sector. Para evitar que las viviendas protegidas permanezcan desocupadas al no poder venderlas, su destino puede ser el alquiler. En una misma promoción podrán coexistir ambos destinos.

También regula la vivienda libre de precio limitado. Se trata de una vivienda libre de nueva construcción cuyo precio se fija legalmente y oscila en función de su localización: 2.310 euros en Pamplona y Comarca y 1.980 euros para el resto de Navarra.

Además, los compradores podrán acceder a préstamos cualificados en las condiciones convenidas para las protegidas y de las desgravaciones fiscales previstas en esta ley. De esta manera, el Gobierno quiere favorecer a quienes no son demandantes de vivienda protegida o no consigan acceder a ella así como ayudar al sector de la construcción.

También se abre la posibilidad de incluir excepciones al cumplimiento de ingresos mínimos y empadronamiento para evitar que en determinadas localidades queden viviendas protegidas sin adjudicar.

La ley incluye una serie de medidas de carácter fiscal. Para las viviendas de precio libre limitado adquiridas desde la entrada en vigor de la ley hasta diciembre de 2011, la deducción por inversión en vivienda habitual pasará a ser del 20, 23 y 35%, cinco puntos más.


Fuente: Europapress

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