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20 de febrero de 2009

El País Vasco da ayudas a las familias que estan amenazadas por embargos o desahucios

Desde el pasado día 9, en las delegaciones territoriales de la Consejería de Vivienda del Gobierno vasco, están disponibles los impresos para acceder a las ayudas que ese departamento ha creado para atender a las familias amenazadas por ejecución hipotecaria, embargo o desahucio, tanto de vivienda libre como protegida. Las medidas «anticrisis», que tienen una vigencia de un año prorrogable a otro, fueron anunciadas el 19 de enero por el consejero del ramo, Javier Madrazo, e incluyen, para los casos más extremos, la posibilidad de realojo en viviendas del parque público de alquiler del Gobierno vasco.

Condiciones
Entre los requisitos para ser beneficiario figura el de estar en paro durante los tres meses anteriores a la solicitud, que la vivienda sea primera residencia, carecer de otra en propiedad, tener unos ingresos inferiores a 22.000 euros durante el último año, y haber sido declarado en mora hipotecaria o, en el caso de ser inquilino, estar en proceso de desahucio.

La primera de las medidas supone la compra, por parte del Ejecutivo autonómico, de la vivienda libre de una persona que, al quedar en paro, no pueda pagar la hipoteca. La adquisición se hará a precio de vivienda protegida tasada, es decir, 220.000 euros. Estos pisos quedarán calificados de por vida como protegidos tasados, de forma que no se podrá especular con ellos. Para que la compra sea factible, en caso de vivienda libre, la entidad financiera tendrá que haberse comprometido previamente a reducir un mínimo del 20% el saldo pendiente de amortización hasta alcanzar los 220.000 euros. Si ya es vivienda protegida, el banco deberá garantizar que no forzará la ejecución hipotecaria del inmueble, sino que lo ofrecerá en venta al Gobierno vasco. El propietario seguirá viviendo en el piso, en régimen de alquiler protegido y con opción a compra cuando la coyuntura mejore.

Otra de las iniciativas consiste en que la Administración comprará la vivienda de protección oficial de quien no pueda asumir el pago de la hipoteca. En este supuesto, el beneficiario pasará a vivir en un piso de alquiler protegido y el suyo se adjudicará a través del Servicio Vasco de Vivienda.

La última posibilidad, aplicable a viviendas libres, es que el Gobierno subvencione un alquiler de 450 euros al inquilino que no pueda abonar la renta por haber perdido el trabajo y, por otro lado, garantizará al arrendatario el pago de una renta de 750 euros de esa vivienda libre de alquiler.


Fuente: lavozdegalicia.es

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