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28 de septiembre de 2008

El Consistorio sospecha que el fraude alcanza al 25% de las ayudas sociales

El Ayuntamiento detecta más de 600 posibles intentos de estafa entre las solicitudes atendidas este año.

Cuando las familias piden ayudas sociales, suelen tener los bolsillos semivacíos. Apenas les llega para hacer frente a gastos de primera necesidad como pagar la hipoteca, abonar el alquiler o comprar unas gafas. El problema es que algunos ciudadanos se han especializado en enmascarar su buena salud económica bajo un manto de cuentas en números rojos con el único objetivo de obtener una subvención. Hastiado por esta creciente lacra, el Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido poner cerco al fraude en las Ayudas de Emergencia Social. Más si cabe después de sospechar -en una primera revisión de los expedientes- que la mano de los estafadores está detrás de, al menos, un 25% de las 2.883 solicitudes tramitadas en lo que va de año.

Demostrar la culpabilidad de los más de 600 presuntos farsantes no es tarea sencilla. La escasez de medios impide muchas veces 'cazar' a esas personas. Muestra de ello es que sólo un 8,5% de las peticiones han sido denegadas o, antes de ser rechazadas, acaban por ser retiradas por los propios interesados. «No podemos poner un detective detrás de cada sospechoso porque el coste económico sería tremendo», se lamenta la edil de Acción Social, Amaya Rojas. De ahí que, como alternativa, la concejal abogue por ahondar en la colaboración entre instituciones para atajar este vicio.

Los responsables municipales, en cualquier caso, se conocen al dedillo las principales técnicas utilizadas en los fraudes. A veces, les puede valer con tirar de la manta. Otras no. Según relata Rojas, las 'armas' más recurridas son, en este orden, «la economía sumergida y los subarriendos o pupilajes» -alojar a huéspedes por un precio convenido de antemano-.

Parejas encubiertas
Son habituales los contratos de alquiler o las hipotecas por valor de 700 ú 800 euros al mes cuando el inquilino apenas percibe, en base a la documentación aportada, 400 euros al mes. En la mayoría de esos casos queda patente que existe economía sumergida, pero dar con esa segunda contabilidad es muy complicado. «El acceso a la información de la Hacienda foral y otras administraciones cercanas resulta fundamental», describe la delegada del área. Más complejo aún es quitar la careta a aquellas personas que, siendo pareja, esconden su convivencia en un mismo piso ante la institución local para sacar mayor tajada de las subvenciones.
Otro engaño muy común consiste en divorciarse sólo para presentarse como familia monoparental. Esa maniobra es menos habitual, ya que el convenio regulador de la separación suele dejarla al descubierto. Igual de minoritarios son los casos de patrimonio encubierto, si bien «más de una vez» se han detectado solicitudes de familias con propiedades en La Rioja, Burgos y Cantabria. Amaya Rojas lo tiene claro. Van a perseguir a todos los 'ladrones'. «No puede ser que alguien pague una matrícula elevadísima en un gimnasio y luego pida ayudas sociales», zanja.

Fuente: Elcorreo Digital

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