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28 de septiembre de 2008

Cuatro años para cobrar por discapacidad

Si la Comunitat no recibe más dinero la Ley de Dependencia absorberá todo el presupuesto de Bienestar Social en 2011.

José Andrés Mengual le quedó algo de movilidad tras sufrir una hemorragia cerebelosa en 2006, que le afectó a la parte izquierda del cuerpo. Se mueve en silla de ruedas, aunque es capaz de apañarse con un andador. Detrás de cada persona dependiente hay una historia de superación. Hay una familia que sufre con el afectado, que comparte sus alegrías y sus penas. Hay una vida de constantes retos, de batallas por salir adelante, y desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en abril de 2007, de constantes decepciones.

Las ayudas que prevé la normativa se harán esperar hasta cuatro años para 350.000 personas con algún tipo de discapacidad, tal y como establece el calendario de aplicación, según los datos que maneja la Conselleria de Bienestar Social.

A las quejas de las personas afectadas, que todavía no tienen conocimiento de las prestaciones que recibirán pese a cumplir los requisitos y presentar toda la documentación, se suman las de aquellos discapacitados con movilidad reducida, que deberán esperar años para que empiecen a llegar las ayudas. Incluso se dan casos de discapacitados que no tendrán ninguna.

El propio Gobierno central ha admitido que existen problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia y en su financiación. Tras un encuentro a nivel técnico a principios de mes, se acordó crear un grupo de trabajo para modificar la aportación de dinero que se realiza a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la normativa.

Esta es la principal queja de las administraciones autonómicas. Según las estimaciones de Bienestar Social, con el sistema actual, en 2011 el departamento tendrá que destinar todo el presupuesto de un año para la aplicación de la Ley.

La aplicación de la Ley es gradual, es decir, prioriza a aquellas personas con mayores necesidades, como son los grandes dependientes y los severos. Esto hace que los que sufren una dependencia moderada deban esperar a los próximos años para entrar en el sistema de ayudas, que pueden ir desde una plaza en una residencia hasta el pago de un sueldo al cuidador, pasando por servicios de teleasistencia o centros especializados.

La distinción según gravedad es comprensible para José Andrés Mengual, pero no entiende la tardanza de las ayudas. En enero presentó su solicitud para acogerse a la Ley de Dependencia. Entonces fue valorado y hasta la fecha no ha recibido ningún subsidio. "Entiendo que haya gente que esté peor que yo, pero no puede ser que no se llegue a todos. Además, no puedes evitar enfocarlo todo desde tu punto de vista. No es normal que a una persona que necesita ayuda no se le pueda dar", dice.

El significado de dependiente moderado es abierto. Según la definición que hace el Imserso, órgano estatal que coordina la implantación de la Ley, se trata de "personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día". En este grupo podrían entrar discapacitados físicos, aunque no enfermos de alzheimer en estado avanzado o afectados por parálisis cerebral, considerados grandes dependientes.

Los beneficiarios se clasifican en grados (gran dependiente, severo y moderado) y niveles (1 y 2), según su autonomía e intensidad de los cuidados que requieren. La previsión es que los segundos (con mayores necesidades) reciban sus ayudas entre 2011 y 2012, mientras que los primeros, de nivel 1, lo harán en los siguientes dos años.

Una de las tesis que defiende la Conselleria de Bienestar Social es que la ley ha creado falsas expectativas. Desde hace meses, el departamento que dirige Juan Cotino está enviando cartas a personas que presentaron su solicitud, en las que se les dice que la ley no contempla, de momento, ayudas en función de su grado de dependencia. Los afectados, por su parte, denuncian que este dictamen se realiza sin llegar a ser valorados por un profesional.

"El problema es que no hay información. Llamas y siempre te dicen lo mismo", explica. Tampoco sabría valorar quién tiene la culpa del retraso de las ayudas. "Unos dicen que no tienen dinero y otros que lo han enviado. Políticamente no sabría decir de quién depende. Sólo sé que no está bien y que la información es muy necesaria", espeta José Andrés.

El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi CV), Carlos Laguna, explicó que se han repartido impresos entre los asociados para protestar contra las valoraciones realizadas, ya que se están realizando "por lo bajo". También dijo que esto provoca que se establezca un grado de dependencia menor, por lo que entran en el sistema de ayudas con posterioridad.

Cuando se termina el proceso, el beneficiario de las prestaciones recibe un Plan de Atención Individualizada (PIA), en el que se detallan los servicios a los que podrá acceder. Laguna pidió que este plan esté consensuado y que sea "fruto del diálogo", en lugar de imponerse. "O lo tomas o lo dejas", señaló. Así de contundente.

Laguna apuntó que desde la asociación se han remitido más de un millar de quejas al Síndic de Greuges relacionadas con la aplicación de la Ley en la Comunitat. También apuntó que se van a presentar recursos de alzada ante la notificación a aquellas personas que presentaron la solicitud de que no podrán beneficiarse de las ayudas, pese a que no han sido valorados por un profesional.


Fuente: Lasprovincias.es

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