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6 de abril de 2014

Los desempleados con subsidio ya son más que los que cobran el paro

La situación de estancamiento que atraviesa el mercado de trabajo está generando una gran bolsa de desempleados pobres
El total de parados españoles no desciende de manera significativa, pero sí lo está haciendo el número de perceptores de prestaciones contributivas, que se cobran como máximo los dos años siguientes a perder el empleo. 
Tal es así que las personas que perciben un subsidio como el Prepara, de 400 euros, son más que las que aún no han agotado el seguro del paro. Al margen queda un tercer colectivo que ha consumido el ciclo completo de ayudas y no recibe nada, que se ha ampliado entre 2011 y 2013 en cerca de 500.000 personas y ronda los dos millones de desempleados.
Un informe hecho público ayer por Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, refleja cómo está bajando el número de parados con prestación contributiva, a un ritmo que se ha acelerado a partir de la mitad de 2012.

El límite de ingresos para acceder a las ayudas al alquiler se mantiene invariable

La junta de gobierno aprobó ayer los criterios para acceder a las diferentes ayudas de carácter social del Ayuntamiento. Los efectos de este acuerdo se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La actualización de los criterios está vinculada a la evolución de las pensiones mínimas, que aumentan, y del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que no varía.
De acuerdo con el documento aprobado ayer, para solicitar las ayudas al alquiler que otorga la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisl) será necesario ser residente en el municipio de Gijón y acreditar que los ingresos brutos trimestrales de la unidad familiar no superan dos veces el Iprem. Así, una familia con uno o dos miembros computables deberá ingresar cada trimestre menos de 4.659,46 euros; una de tres miembros, menos de 4.904,70 euros; una de cuatro, 5.177,18 euros; una de cinco, 5.481,72, y una de seis o más miembros no podrá superar los 5.824,33 euros por trimestre. Las ayudas de este programa oscilan entre el 25% y el 50% de la renta de alquiler de los beneficiarios, con un máximo de 200 euros al mes.
En lo que respecta a las tarifas sociales de EMTUSA, podrán optar al billete reducido (0,32 euros por trayecto) los empadronados de Gijón mayores de 65 años o perceptores de pensiones de jubilación, invalidez o viudedad cuyos ingresos no superen los 8.860,60 euros al año en el caso de unidades de un solo miembro o los 10.932,60 euros para familias de dos miembros computables -cónyuges o relación análoga, que convivan en el domicilio-. Podrán acceder al bono gratuito los titulares de pensiones no contributivas.
Para el precio público de cursos, matrículas y actividades de la Fundación Municipal de Cultura, el Patronato Deportivo Municipal, el Jardín Botánico y el programa infantil 11x12 se aplicará una bonificación del 50% -un curso por convocatoria- a desempleados de larga duración (más de un año) y perceptores de pensiones no contributivas, salario social básico o ayudas familiares de la Fundación. Será del 100% si además se acredita ser familia numerosa, discapacitado (grado igual o superior al 33%), víctima de violencia de género o familia monoparental con menores a cargo.

Los mayores piden más residencias

Que la primavera asturiana anda un poco loca lo sabe bien Constantino. En enero estrenó sus 87 años y aún no ha llegado ese día lluvioso que venza a su paseo matutino.
Lleva tres años en la residencia San Teresa, en Oviedo, y, como cada mañana, se coloca su sombrero, coge el paraguas y sale a caminar hasta la hora de comer (el comedor abre a las dos menos cuarto). Nació en Cornellana, un 20 de enero, pero al casarse se marchó a vivir a Grado y luego ya a Oviedo. «Estoy muy contento porque en el centro hay muchas cosas que hacer, muchas actividades». Sin ir más lejos hoy volverá al baile, como todos los domingos. «El otro día me hice doce piezas seguidas». Vitalidad no le falta. Su paseo (repite por la tarde) lo compagina con ejercicios en la habitación y sesiones en la sala de gimnasio de la residencia.
Constantino (prefiere omitir su apellido) es uno de los 873 mayores con plaza en los centros del ERA en Oviedo. Los últimos datos que maneja la Consejería de Bienestar Social es que más del 75 por ciento son públicas. Hay cuatro residencias: Santa Teresa, El Cristo, La Tenderina y El Trisquel (en las instalaciones del antiguo Fundoma). Entre ellas se reparten las 669 plazas destinadas para personas mayores. El resto, 204, pertenecen a residencias concertadas. 
El problema no está tanto en las plazas que hay, sino en las que faltan. En Oviedo hay casi 400 personas en lista de espera para encontrar hueco en una residencia del ERA. En concreto son 390, según los datos oficiales. Precisamente esa falta de espacio para cubrir toda la demanda obligó a la familia de Carmen Miranda, vecina de Oviedo, a ingresarla en una residencia en Siero después de permanecer semanas en el hospital. «Su caso era de extrema necesidad y nos dijeron que como no había plaza aquí podía ir a un centro en Siero. 
Y así fue, lleva desde finales de diciembre en el centro Residencial Balbona y está muy contenta», explica su sobrina nieta Sandra Miranda. Van cada jornada a visitarla. «El otro día cuando llegó mi padre estaba jugando al bingo, algo que no hacía nunca. Está muy contenta, incluso podemos decir que tiene más movilidad de la que tenía cuando estaba en casa». En la residencia tiene peluquería, sala de televisión, y la comida «está muy controlada». Si se pone mala avisan enseguida a la familia». 
El caso de Carmen Miranda ha tenido solución pero lo cierto es que hay muchos mayores a la espera de cama. Así lo recordaba hace unas semanas, durante la presentación del proyecto de rehabilitación de la residencia del Naranco -que tuvo que cerrar en agosto del año pasado y reubicar a los 150 mayores en centros del concejo- la concejal de Bienestar Social, Belén Acevedo. Por un lado mostraba su satisfacción por la obra pero, por otro, lamentaba el hecho de que «si no llega a ser por los problemas en el Naranco, la inversión podría haberse destinado a la residencia en el Materno-Infantil». Esa necesidad también la reconoció la consejera del área, Esther Díaz, durante la presentación del plan. Con la obra se ganarán otras 25 plazas más, hasta alcanzar las 175. Aún así, queda aún lejos de esas casi 400 habitaciones que reclaman los mayores del municipio para cubrir la demanda actual. Esa es la última cifra, y suele oscilar entre las 350 a 390 plazas, depende del mes.
La obra en la residencia del Naranco es la única en marcha en el municipio. El Principado anunció una inversión de 5 millones de euros. Van a reformar toda la estructura, cambiar la instalación eléctrica, el sistema de ventilación, sustituir la carpintería y el aislamiento para hacerla confortable. Ya en el interior, ampliarán los pasillos (para facilitar la accesibilidad a discapacitados), incluirán un baño en las habitaciones (o permitirán el acceso a uno compartido sin tener que salir al pasillo) y ampliarán en 25 el número de plazas. Lo harán con un añadido al primer piso utilizando la altura del auditorio. La idea es crear un forjado que lo dividirá en dos plantas. Y dar más amplitud a las habitaciones: 60 dobles (de más de 16 metros) y 39 individuales (de ocho). Ahora mismo hay 59 para dos personas y 32 individuales.

Población envejecida
Los últimos datos del padrón (se refieren a finales de febrero) marcan una tendencia nada favorable para la situación actual. Más de 3.000 personas superan los 90 años y hay 75 ancianos que rozan los cien. Todo parece apuntar a que la mayor demanda de plazas llegará en unos años.
La mayoría son mujeres. De momento, el mayor grueso de la población tiene entre 35 a 45 años. De menos de cinco años, apenas llegan a los diez mil. Los que llegan, al contrario de lo que ocurre con los mayores, son más varones.
Hay casi 400 mayores que esperan una plaza en una de las residencias que el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos en Asturias) gestiona en Oviedo. La demanda supone casi el 45% de las plazas que ya existen en el concejo, distribuidas en centros públicos y concertados de la ciudad. Hasta el verano pasado, la residencia Naranco engrosaba tal lista con 150 camas más. Ahora mismo está cerrada a la espera de que comience, en noviembre, su reforma integral. Cuando abra sus puertas -finales de 2016- contará con 25 habitaciones más. No será suficiente para cubrir la demanda, que va a más si se tienen en cuenta los datos de la población: el 20% de los censados tiene ahora más de 65 años. Lo saben muy bien los familiares de Carmen Miranda, quien está ingresada en un centro de Siero al no disponer de una plaza en Oviedo.


Fuente: elcomercio.es

9 de febrero de 2014

La red de seguridad de las prestaciones por desempleo empieza a ceder

  • Durante el año pasado más de 400.000 personas dejaron de percibir una prestación de unos 830 euros mensuales para pasar a cobrar un subsidio asistencial de 426 euros.
  • El sistema de protección por desempleo no da más de sí y alienta el debate sobre la mejora de las políticas para dar un trabajo a los parados.

Más de la mitad de los 2,7 millones de desempleados que está percibiendo una prestación pública en España tiene como todo ingreso mensual -al menos como ingreso reconocido- un subsidio asistencial que no supera los 426 euros.
Así es la realidad cotidiana de más de un millón y medio de ex trabajadores en el "muy generoso", según la evaluación realizada por la OCDE, sistema público español de protección al desempleo.
Luego están, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo, los 1.221.534 desempleados que tienen derecho a una prestación contributiva por haber cotizado lo suficiente durante su etapa laboral, que pueden cobrar una cantidad de entre 497 y 1.397 euros mensuales en función del tiempo cotizado y su situación familiar.
Este colectivo de afortunados ha perdido nada menos que 181.000 unidades durante el año 2013 y, además, ha visto como su prestación media se reducía en cerca de 35 euros mensuales, desde los 864 euros hasta los 839, como consecuencia entre otras cosas de la reducción de la cuantía que tienen derecho a cobrar a partir del sexto mes en situación de desempleo.
En total, durante 2013, más de 214.000 personas han dejado de percibir una prestación pública, bien porque hayan encontrado un empleo, bien porque hayan agotado su derecho a prestación y no puedan acceder a alguna de las ayudas asistenciales previstas en la ley: subsidio de desempleo, renta activa de inserción o subsidio agrario.
Hay indicadores que apuntan a que la capacidad del sistema público de protección a desempleados está llegando a su límite.
La crecida del paro en los últimos años ha obligado al Estado a dotar unacuantía media de 30.000 millones de euros anuales para proporcionar una renta de cobertura a los millones de trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia de la crisis.
Ésta ha servido para tejer una red de seguridad que ha proporcionado una renta de subsistencia a cientos de miles de españoles e inmigrantes atrapados por el estallido de la burbuja inmobiliario.

La red comienza a ceder

Sin embargo, esta red ha comenzado a agujerearse. La tasa de parados que percibe una renta pública se ha desplomado del 69% al 61% en apenas dos años, lo que significa que más de un tercio de los desempleados que hay en España no tiene ingreso alguno.
Además, cada vez son más los parados que encallan en el tramo asistencial de la protección por desempleo, donde apenas se puede aspirar a un renta de 426 euros al mes.
Al margen de su supuesta generosidad, otro de los aspectos en los que han hecho hincapie los organismos internacionales a la hora de evaluar el sistema español de protección por desempleo es en su escasa conexión con las políticas de empleabilidad.
En España, es el Estado el que corre con el gasto de la cobertura por desempleo, pero las políticas activas dependen de las comunidades autónomas, lo que genera una escisión problemática: los incentivos de las autonomías para buscar un empleo a sus parados son menores por cuanto su permanencia en el desempleo no les genera un coste tan evidente.
Todo ello en un marco en el que la intermediación laboral pública es terriblemente ineficiente, como indica que apenas un 2% de los parados encuentren un empleo por esta vía.
El Ministerio de Empleo ha hecho un importante esfuerzo para paliar esta desconexión. Por una parte, está ensayando iniciativas para fomentar la búsqueda activa de empleo por todas las vías posibles por parte de los parados que perciben una prestación.
Por otra, ha intensificado los contactos con las comunidades autónomas para mejorar la capacidad de intermediación de las políticas activas. En este sentido, su apuesta más importante ha sido dar entrada a las agencias privadas de colocación en la intermediación públicas de ofertas de trabajo con el objetivo de incrementar la eficacia del sistema.
Desde ámbitos como la CEOE se ha alentado también al Gobierno a adoptar más iniciativas, como por ejemplo vincular la percepción de la prestación por desempleo a la realización de cursos de formación que mejoren la capacitación y la empleabilidad de los desempleados.


13.500 escolares reciben ayudas de la Xunta para comprar libros

El programa de subvenciones para la compra de libros y material escolar de la Consellería de Educación, al que se denomina Gratuidade Solidaria, tiene este curso a 13.477 alumnos ourensanos como beneficiarios, lo que supone alrededor del 45 % de los matriculados en la provincia
Según datos de la propia administración, son 7.974 escolares de educación primaria, otros 5.391 de secundaria y 112 de educación especial. En total, son 143 los centros de la provincia en los que se aplican este tipo de ayudas económicas.
La cuantía máxima a la que pueden acceder las familias por alumno y curso es de 250 euros, aunque esta cantidad es solo para los de educación especial, que deben tener una minusvalía igual o superior al 65 %. En secundaria, la más alta son 180 euros, que se conceden a familias con ingresos de hasta 5.400 euros de renta per cápita. La cantidad mínima en este sector educativo es de 104 euros para solicitantes que demuestren que sus ganancias no superan los 9.000.
En lo que respecta a la educación primaria, se otorgan ayudas de un máximo de 170 euros para familias con ingresos de hasta 6.000 euros. La cantidad se reduce hasta los 90 cuando las retribuciones llegan a los 9.000 euros.
Eso sí, el resto de niveles educativos, infantil y bachillerato, están excluidos del programa de subvenciones lo que deja sin posibilidad de optar a las ayudas a miles de escolares. Asimismo, las cifras de alumnos beneficiados son prácticamente las mismas que las del curso 2012-13.

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